Fue así que, en octubre de 1945, 51 países firmaron la Carta de las Naciones Unidas con el objetivo de establecer estrechas coordinaciones para garantizar el derecho internacional, el desarrollo económico y social, y, sobre todo, la seguridad mundial y la paz.
Hoy en día, aquella organización creada en la ciudad de San Francisco, no ha podido eliminar las guerras movidas por intereses económicos y, en cambio, dirige políticas destinadas a llevar enfrentamiento y división en el orden social de todas las naciones y entre las familias. Las guerras se han trasladado al seno de los hogares.
“La Organización de las Naciones Unidas se convirtió en un ente subversivo de las comunidades nacionales e internacionales, y persigue como fin último desprogramar al hombre para volver a programarlo según las nuevas ‘luces’ que le introdujeron sus actuales mandatarios. Lo dramático es que esta subversión afectó los ámbitos de la vida social y familiar, del derecho y la política, el antropológico y el de la moral de todo ser humano a nivel mundial, convirtiéndose, ni más ni menos, en un nuevo tipo de totalitarismo”.
Así se expresan Leonardo Casco y su esposa Martha Lorena Casco, dirigentes de Pro Familia Pro vida de Honduras, en su trabajo “Las Políticas de las Naciones Unidas y de los Organismos Internacionales”, en el que analizan los motivos que han llevado a la ONU a promover la ideología de género en todos los países.
En este texto, señalan que fue en los años sesenta que las Naciones Unidas iniciaron “solapada o descaradamente” un alejamiento gradual de la esencia misma de su origen para comenzar su trabajo de modificar la situación moral, jurídica y económica del mundo.
En 1967, se creó el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, hoy denominado Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para llevar a los gobiernos a adoptar políticas de control de la natalidad. Con el tiempo, esa política ha sido adoptada por la mayoría de países y por los distintos organismos de la ONU.
Durante 1973, las Naciones Unidas anunciaron la Conferencia de Bucarest, como culminación del “Año Mundial de la Población”. Y lo publicitaron con pósters que sugestivamente decían: “Una familia pequeña es una familia feliz”. Ahí fue debatido el Plan Mundial de Acción en Población que elaboraron dieciséis expertos de la ONU.
El multimillonario David Rockefeller III, entusiasta promotor del control de la natalidad en todos los países, habló ante los delegados de la Conferencia, expresando en su discurso que la “planificación de la población ha de ser una parte fundamental de cualquier programa de desarrollo moderno, tal como lo reconocen y aceptan los líderes de las naciones”.
Diez años después de intensa actividad lobista internacional, se desarrolló la Conferencia de México, en 1984. Allí no solo se debatieron programas sino se impusieron metas para lograr la reducción poblacional.
Posteriormente, vinieron las conferencias preparatorias de Suiza, de 1991, donde se empieza a configurar lo que sería la gran ofensiva de los derechos humanos en todo el mundo.
En 1992, en Brasil, se realizó la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, y en Viena, 1993, la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. A esta última asistieron 7000 participantes, entre representantes de 171 países y de 800 ONG, nada menos. La conferencia no trató los conflictos en Bosnia-Herzegovina ni en Angola; ni la represión en China ni en Cuba. Sin embargo, sí se discutieron los derechos de la mujer, de los indígenas y de las minorías. Y se creó el cargo de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Al año siguiente, en El Cairo, con la participación de delegados de 179 países, los representantes de las 1254 ONG presentes dominaron los debates e impusieron una visión que puede traducirse en la frase: “hay que cambiar el paradigma de familia”. A instancias del gobierno de Bill Clinton, se lanzó el derecho al aborto.
En la Conferencia de Beijing, 1995, el “género” fue el concepto clave. Allí se habló del papel variable del hombre y la mujer, y que han adoptado todos los organismos creados por la ONU, entre ellos la Unicef, el PNUD, la OIT, la FAO, la Unesco, la OMS y el FMI.
Todos estos organismos basan hoy en día sus acciones en el argumento de los derechos humanos, y este, a su vez, es la base para impulsar programas en “defensa” de la persona. Bajo el argumento de los derechos humanos se pretende realizar una transformación profunda en todo orden de cosas.
El trabajo incansable de las ONG, sustentado por todos los organismos de la ONU, ha logrado que en la actualidad se hable del derecho al aborto, del derecho a la igualdad y equidad de género, y del derecho a la sexualidad que incluye el derecho a la transexualidad, y que se pretenda llevarlos a las escuelas.
En febrero de 2006, el relator especial de las N.U., V. Muñoz Villalobos, emitió el documento “El derecho a la educación de las niñas”, donde escribe: “Teniendo en cuenta la primera evaluación de la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el relator especial desea tratar específicamente los objetivos 2 y 3, sobre la enseñanza primaria universal y la igualdad entre los géneros”, y, además, define “el concepto de patriarcalismo, que explica algunos comportamientos discriminatorios”.
El relator expresa mucha preocupación en que “el derecho a la educación de las niñas no puede ser tratado al margen de las cuestiones de género, y estas cuestiones, ciertamente, no solo atañen a los derechos de las mujeres, sino, además, plantean la necesidad de pensar en una nueva masculinidad que sea sensible, responsable y proactiva con la igualdad, la justicia y la solidaridad.
Entre sus recomendaciones están las prácticas pedagógicas que tengan como fin “analizar los estereotipos de género” en el aula y luchar contra su prevalencia en los libros, textos y materiales educativos.
Por este camino es que la ONU se ha convertido en un “gobierno de administradores”, que ha regentado el planeta destruyendo a su paso las legislaciones nacionales que le estorbasen”, escriben Leonardo Casco y su esposa Martha Lorena Casco.
Añaden que, con la complicidad y participación activa de varios organismos internacionales y de ciertas ONG saturadas de recursos, despojan de su derecho propio a las naciones y reducen el poder político de estas a su más mínima expresión. “Es la guerra de la ONU y sus ‘nuevos derechos’ contra el Derecho”, sentencian.
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